LO QUE DEBE SABER SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE TRANSFORMA EL PRESUPUESTO DE LOS GAD
El 27 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa Azín presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica que Reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), clasificado como una prioridad económica según el Artículo 140 de la Constitución.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), reconocidos por la Constitución, son responsables de abordar las necesidades territoriales específicas que el gobierno central no puede gestionar eficazmente. En general, los GAD provinciales son responsables del mantenimiento de la red vial; los GAD municipales brindan servicios básicos como agua potable y saneamiento; y los GAD parroquiales rurales son responsables del mantenimiento de la infraestructura local. Por lo tanto, es fundamental que cada nivel de gobierno cumpla con su propósito para evitar vulnerar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, las estadísticas de los últimos años muestran que este objetivo no se está cumpliendo.
Los datos muestran un aumento en los gastos de personal, que pasaron del 30,72% (2021) al 34,57% (2024) del presupuesto total, lo que representa más de un tercio del gasto. También se informa que en 2023 se asignaron aproximadamente USD 43,7 millones a eventos culturales y recreativos, incluyendo conciertos gratuitos, lo que cuestiona la priorización del gasto sobre necesidades estructurales como infraestructura, agua potable, saneamiento, carreteras, etc.
En este contexto, el objetivo principal del proyecto de ley es garantizar que los recursos de los gobiernos locales se prioricen para el ejercicio de sus competencias constitucionales, la inversión pública y la adecuada prestación de servicios esenciales según las necesidades de cada territorio. La propuesta también incorpora mecanismos de transparencia, como la publicación trimestral de indicadores para verificar el cumplimiento del plan anual y la ejecución presupuestaria aprobada. Estos indicadores deben incluirse en los portales institucionales, de acuerdo con los principios de transparencia y evaluación de la gestión pública; asimismo, el Ministerio de Hacienda tendrá 60 días para realizar el seguimiento y, en caso de incumplimiento, se reducirá el presupuesto según lo dispuesto en la Constitución. Además, la reforma busca fortalecer la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales, prevenir desequilibrios fiscales y promover una gestión presupuestaria más eficiente, alineada con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. También busca reforzar la coherencia entre el modelo de descentralización y los principios de bienestar, equidad territorial y uso responsable de los recursos públicos, respetando la autonomía de los gobiernos locales y su capacidad de decisión.
En conclusión, esta ley generaría efectos tangibles de aprobarse, ya que busca garantizar que los recursos asignados a cada gobierno local se dirijan principalmente a la inversión y las obras públicas, así como al fortalecimiento de los servicios básicos y esenciales para la ciudadanía, evitando su asignación a gastos no estratégicos.