LO QUE DEBES SABER DEL PROYECTO DE LEY QUE TRANSFORMA EL PRESUPUESTO DE LOS GAD
El presidente Daniel Noboa Azín remitió a la Asamblea Nacional, el 27 de enero de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica conforme al artículo 140 de la Constitución.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), reconocidos por la Constitución, tienen la responsabilidad de atender necesidades específicas del territorio que no pueden ser gestionadas de forma eficaz desde el gobierno central. En términos generales, los GAD provinciales deben mantener el sistema vial; los GAD municipales prestan servicios básicos como agua potable y alcantarillado; y los GAD parroquiales rurales se encargan del mantenimiento de infraestructura local. Por ello, resulta indispensable que cada nivel de gobierno cumpla con su finalidad, a fin de no afectar los derechos de la ciudadanía. No obstante, las estadísticas de los últimos años nos evidencian que no se está cumpliendo con el objetivo.
Los datos muestran un incremento del gasto en personal, que pasó del 30,72% (2021) al 34,57% (2024) del presupuesto total, es decir, más de un tercio del gasto. Asimismo, se reporta que en 2023 se destinaron alrededor de USD 43,7 millones a eventos culturales y recreativos, incluidos conciertos gratuitos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la priorización del gasto frente a necesidades estructurales como infraestructura, agua potable, alcantarillado, vialidad, etc.
En este contexto, el objetivo principal del proyecto de ley es asegurar que los recursos de los GAD se destinen de forma prioritaria al ejercicio de sus competencias constitucionales, a la inversión pública y a la prestación adecuada de servicios fundamentales conforme a las necesidades de cada territorio. La propuesta incorpora, además, mecanismos de transparencia, entre ellos la publicación trimestral de indicadores que permitan verificar el cumplimiento del plan anual y de la ejecución presupuestaria aprobada. Dichos indicadores deberán constar en los portales institucionales, conforme los principios de transparencia y evaluación de la gestión pública, asimismo el Ministerio de Finanzas tendrá 60 días para dar seguimiento y en caso de incumplimiento se reducirá el presupuesto conforme lo determinado en la Constitución.
De forma complementaria, la reforma busca fortalecer la sostenibilidad financiera de los GAD, prevenir desequilibrios fiscales y promover una gestión presupuestaria más eficiente y alineada con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. También procura reforzar la coherencia entre el modelo de descentralización y los principios de buen vivir, equidad territorial y uso responsable de los recursos públicos, respetando la autonomía de los gobiernos locales y su capacidad de decisión.
En conclusión, esta ley generaría efectos tangibles en caso de ser aprobada, pues el mismo busca garantizar que los recursos asignados a cada GAD se orienten prioritariamente a inversión y obras públicas, así como al fortalecimiento de los servicios básicos y esenciales para la ciudadanía, evitando su destinación a gastos no estratégicos.