Viewing entries in
ecuador

Comment

¿Incentiva la injusticia el COGEP?

Por Esteban Torres Cobo

En teoría, el nuevo Código Orgánico General de Procesos suponía un avance jurídico necesario para modernizar los procesos judiciales no penales y garantizar los derechos de los ciudadanos. Ya no se iba a pasar siete años en un juicio donde solo se gastaba y se perdía cualquier esperanza de justicia.

Significaba dejar atrás el viejo Código de Procedimiento Civil y encaminar todos los litigios no penales por cuatro vías procesales más simples, claras y rápidas: una ordinaria, otra ejecutiva, otra sumaria y, finalmente, una novedosa como la monitoria.

De casi 80 tipos de procesos existentes para temas no penales pasamos a sólo 4. Una buena iniciativa y, con su expedición, ciertamente un avance.

El Código, sin embargo, no ha resultado ser la panacea esperada y cada vez levanta más críticas entre los abogados y, por supuesto, entre los usuarios que sufren sus errores.

Uno de sus problemas es, entre otros, su aplicación: los jueces muchas veces lo aplican como les da la gana.

La aplicación del COGEP, por ejemplo, no es la misma en Ambato que en Quito o Guayaquil. Una demanda de similares características en un proceso ordinario puede ser archivada por un juzgado y admitida por otro, sino pregúntenselo a cualquier abogado litigante. Es insólito.

El Código, sin embargo, no ha resultado ser la panacea esperada y cada vez levanta más críticas entre los abogados y, por supuesto, entre los usuarios que sufren sus errores.

La discrecionalidad prevista en el COGEP les permite a ciertos jueces archivar cuantas demandas se les presenten argumentando que no son claras o que no están completas. Juzgan antes de hora y se extralimitan a sabiendas de que perjudican a los usuarios.

Habría en esto, dicen algunos, una motivación del propio sistema de evaluación judicial que otorga puntos a cada juez por cada caso despachado y terminado. Así, a más juicios ni siquiera admitidos (por ende despachados y terminados), más puntos.

Estas injusticias deben ser reclamadas. El Consejo de la Judicatura tiene la potestad de sancionar y separar a quienes niegan reiteradamente el acceso a la justicia, sin embargo, también hay que pensar en corregir el cuerpo normativo que un principio lo permite.

Comment

Comment

La separación de bienes se impone en Holanda

El patrominio acumulado por la pareja antes de la boda no será obligatoriamente común

“En la pobreza y en la riqueza…”, el pasaje de los votos nupciales donde se suele sonreír algo nervioso, ha sido llevado al extremo durante décadas en Holanda. De no señalarse lo contrario ante notario, los esponsales se celebraban en régimen de gananciales. El legislador aspiraba a facilitar los trámites, pero en caso de divorcio, el reparto podía no resultar equitativo. ¿Por qué? Porque el patrimonio acumulado por la pareja antes de su unión —deudas incluidas— era de ambos a partir de la boda. Solo escapaban los regalos personales, o las herencias donde se especificara que el otro cónyuge no podía tocarla. Para evitar abusos o sorpresas, en la mayoría de países desarrollados la comunidad de bienes solo empieza a partir de la boda. La nueva legislación holandesa se ha puesto al día: la separación patrimonial será la norma.

El Congreso aprobó la reforma en 2016 y el Senado acaba de ratificarla. Solo cristianodemócratas, protestantes y calvinistas se opusieron en la Cámara baja. En la alta, sin embargo, los socialdemócratas, socialistas radicales y los miembros del Partido de los Animales votaron en contra del proyecto a pesar de venir avalado por los diputados de sus propios partidos. A los senadores rebeldes les pareció poco ambicioso o innecesario. Por el contrario, los liberales de izquierda consideran que era preciso avanzar porque “Surinam, Sudáfrica y pocos más” tenían un régimen económico matrimonial similar.

En 2015 se celebraron en Holanda 64.000 bodas, de las cuales 1.259 fueron entre personas del mismo sexo. El mismo año hubo 34.000 divorcios, según cifras oficiales. (Como el promedio de edad de los varones era de 37 años, y de 34 las mujeres, estadísticamente se presume que ya habían formado una familia). Los críticos sostienen que será más difícil saber cuáles son los bienes comunes a dividir. Puede haber, por ende, más divorcios traumáticos. Los notarios tampoco están muy seguros, porque antes certificaban las separaciones de bienes y ahora serán automáticas. Les quedarán, eso sí, los contratos prenupciales, cada vez más en boga.

Tomado del Diario El País. 

Comment

Comment

Universidades Privadas Controladas

1. Antecedentes. En el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el R.O. 899 S de 9 de diciembre de 2016, se reformó laLey Orgánica de Educación Superior para regular el funcionamiento económico interno de las universidades privadas, con prohibiciones excesivas e inconstitucionales.

2. Partes relacionadas y sanciones desproporcionadas. (Art. 39) La relación que surja entre partes relacionadas es objeto de sanciones de diversa naturaleza, entre ellas, a la universidad, multa económica de hasta 10% de los ingresos anuales de la universidad, pérdida de las exoneraciones y beneficios tributarios hasta por 5 años, disminución o no incremento de aranceles hasta por 5 años, y a los directivos y relacionados, multa de hasta el 10% del monto de los contratos, destitución, inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargos públicos o estar vinculado a una universidad. Se consideran partes relacionadas: promotores, rectores, directivos, miembros del órgano colegiado superior; sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; las personas jurídicas en las que tengan alguna representación o cargo directivo; las personas jurídicas en las que tengan, las personas relacionadas, al menos el 25% del capital social.

3. Prohibición de lucro. (Art. 161) Además de prohibirles a las universidades privadas que celebren contratos y actos con partes relacionadas, se ratifica la prohibición constitucional de lucro, con limitaciones en materia de endeudamiento, destino de excedentes financieros y transacciones con entidades ubicadas en paraísos fiscales.

4. Plazo para desvinculaciones. Un año de plazo, contado desde la publicación de la reformas en el R.O., tienen las universidades particulares y sus autoridades para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 39 y 161 de las reformas a la LOES.

5. Universidades privadas con financiamiento estatal. Poco después de las reformas indicadas entró en vigencia la Ley para la Extinción de las Universidades suspendidas por el CEAACES, publicada en el R.O. 913 S2 de 30 de diciembre de 2016. Esta Ley no modificó lo de las reformas a la LOES y más introdujo más reformas a la LOES para controlara las universidades privadas que reciben aportes estatales como la PUCE de Quito, con el pretexto del uso de las asignaciones estatales.

Comment

Comment

Impuesto a la Plusvalía Inmobiliaria en Ecuador

1. Antecedentes, beneficio inmediato a las mineras e impacto en el sector de la construcción. La Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, con la cual se creó el llamado impuesto a la plusvalía inmobiliaria, se publicó en el R.O. 913 7S de 30 de diciembre de 2016. Sin embargo, no se limitó a regular lo relacionado con “la especulación sobre el valor de las tierras” sino que también otorgó beneficios tributarios a las empresas mineras con contratos de explotación. En efecto, en la primera disposición reformatoria que reformó el Art. 165de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria amplió el tiempo para el pago de las utilidades extraordinarias de las mineras desde un mes hasta cuarenta y ocho meses después del mes. Este beneficio fue inmediato, por lo que, en el fondo, este y no otro estuvo entre las verdaderas motivaciones de la Ley. Aunque, en el ámbito inmobiliario, su impacto no era inmediato, pues, gravaba con el nuevo impuesto a partir de la segunda venta, el sector de la construcción, afectado por la recesión, fue golpeado con la caída de la demanda por las expectativas negativas generadas por el cuerpo legal.

2. Hecho generador del impuesto sobre el valor especulativo del suelo, la segunda transferencia y los terrenos baldíos. Se reforma el Art. 561 del COOTAD para gravar la transferencia de inmuebles rurales o urbanos que, a cualquier título, den lugar a una ganancia extraordinaria. Se excluyen las transferencias por sucesión por causa de muerte, donaciones, rifas, sorteos, remates o ventas judiciales, adjudicaciones de bienes de los gananciales de la sociedad conyugal, reparto de haber de sociedades de comercio. Están exentas las transferencias del Estado, las daciones en pago por deudas, las que realicen inmobiliarias y constructoras en proyectos de vivienda de interés social. En el caso de aportes a sociedades únicamente se gravan los realizados a fideicomisos o sociedades que tengan como fin último la promoción inmobiliaria la construcción de inmuebles para su comercialización. En la primera disposición transitoria se precisa que el nuevo impuesto gravará desde la segunda transferencia. Se establece que el impuesto a la plusvalía, establecido en el COOTAD desde su aprobación y antes en la Ley de Régimen Municipal, “gravará hasta la primera transferencia de los bienes que hayan sido adquiridos con anterioridad a la promulgación de la ley” o hasta el 2021 en el caso de terrenos baldíos (terreno urbano o de expansión urbano con edificación menor al 10% de la superficie). Se excluye de este beneficio transitorio hasta el 2021 los terrenos baldíos aportados a fideicomisos o sociedades inmobiliarias y de la construcción. Hasta la segunda transferencia los inmuebles rurales no pagan ninguno de los dos impuestos a la plusvalía y a la ganancia extraordinaria.

3. Ganancia ordinaria (valor de adquisición y factor de ajuste). Es aquella que resulta de multiplicar al valor de adquisición del bien inmueble (valor de la escritura pública más el valor de las mejoras y más los pagos de contribuciones especiales de mejoras) por el factor de ajuste de ganancia ordinaria (promedio anual de la tasa de interés pasiva referencia y los meses transcurridos entre la fecha de adquisición y la de transferencia dividido para doce). A las inmobiliarias y constructoras se les permite incorporar en el valor de adquisición los costos y gastosincurridos en la construcción objeto de la transferencia, siempre que puedan considerarse gastos deducibles del impuesto a la renta.

4. Ganancia extraordinaria, base imponible y tarifa de 75%. La ganancia extraordinaria, sobre la que se paga el impuesto del 75%, a partir de los 24 SBU, corresponde a la diferencia entre el valor de transferencia del inmueble (el que consta en la escritura) y el de adquisición ajustado (el que resulta de la suma del valor de adquisición más la ganancia ordinaria). La declaración y el pago del impuesto se realiza antes del otorgamiento de la escritura, en beneficio de los municipios, considerados los sujetos activos del impuesto. En el caso que los municipios no hubieren ejercido su facultad determinadora el SRI la ejercerá subsidiariamente.

5. Minusvalía. Los municipios están obligados a reconocer hasta el 50% del valor de la afectación a un inmueble por alguna obra pública mediante notas de crédito. En el caso de obras públicas del Gobierno central también existe la obligación de reconocer la afectación. Sin embargo, no existe un mecanismo claro para pagar al afectado. No se menciona la minusvalía ocasionada por declaratorias de patrimonio cultural e histórico.

6. Actualización catastral. Los municipios son obligados a actualizar los avalúos, entre el 70% y el 100% del valor del avalúo comercial, cuando lo solicitare una entidad financiera para un crédito o para la venta con hipoteca. La mayor responsabilidad no sólo administrativa sino civil la asumen las autoridades competentes municipales lo que dejen de recaudar por impuesto predial por falta de actualización de los avalúos catastrales o por cualquier otro perjuicio que ocasionare a los ciudadanos dicha omisión. Se convierte en causal de destitución la tecnificación de los catastros.

 

Comment